Ya era de conocimiento público que Live Nation había fichado a cabilderos cercanos a Donald Trump para presionar al gobierno estadounidense a fin de cerrar la demanda antimonopolio interpuesta contra el gigante de los conciertos en 2024; sin embargo, ahora se ha revelado que la compañía también contrató a abogados con vínculos directos con el mandatario.
Para ser exactos, se trata de James McDonald, procedente del bufete Sullivan & Cromwell, quien contaba con escasa trayectoria en cuestiones antimonopolio, pero que había defendido a Trump en diversos litigios de índole personal.
Así lo detalla una reciente investigación de The Wall Street Journal, la cual profundiza en el papel que desempeñaron Trump y su círculo cercano en la Casa Blanca para lograr que el Departamento de Justicia (DoJ) de EE. UU. pactara un acuerdo sobre la demanda que acusaba a Live Nation y a su filial Ticketmaster de prácticas contrarias a la competencia.
De acuerdo con la indagatoria del WSJ, numerosos funcionarios del DoJ calificaron de “extrema” la injerencia política del equipo de Trump en este expediente, incluso dentro de una administración “en la que el presidente ha presionado abiertamente a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley contra supuestos rivales y ha indultado a aliados”.
El DoJ finalmente alcanzó un acuerdo en marzo, cuando el juicio ya estaba en marcha, aunque varios de los estados federados involucrados en el proceso judicial optaron por no adherirse al pacto y acabaron convenciendo a un jurado de que Live Nation y Ticketmaster operan, efectivamente, bajo un monopolio ilegal.
Dicho acuerdo del DoJ se encuentra actualmente bajo la revisión del juez encargado del caso, Arun Subramanian. Como parte de este procedimiento, Live Nation debió entregar a la corte un resumen de sus intercambios con el DoJ y otras instancias federales. En junio se dio a conocer que el director ejecutivo, Michael Rapino, mantuvo un encuentro con Trump el pasado febrero para abordar el litigio antimonopolio que entonces seguía su curso.
Según el WSJ, Trump solicitó reunirse con Rapino con el fin de evaluar de qué manera Live Nation podría colaborar para dinamizar la programación del Kennedy Center, el recinto público de Washington que el mandatario ha estado politizando y, consecuentemente, deteriorando.
No obstante, el mandatario también inquirió por qué Live Nation aún no había conseguido cerrar el conflicto antimonopolio con el DoJ. La empresa había manifestado previamente ante el tribunal que durante dicha cita “no se trataron condiciones sustanciales sobre un posible acuerdo”, una versión que el artículo del WSJ no cuestiona, si bien apunta que, poco después de conversar con Rapino, Trump habría telefoneado al DoJ para ordenarles llegar a un arreglo.
Al mes siguiente, añade el reportaje del WSJ, Rapino regresó a la Casa Blanca para reunirse con la entonces titular del DoJ, Pam Bondi, y el asesor legal presidencial, David Warrington. En dicha ocasión, Rapino estuvo acompañado por el letrado McDonald, puesto que Live Nation había contratado los servicios de su despacho, Sullivan & Cromwell, desde diciembre.
A pesar de que otros dos socios de esa firma especializados en el caso sí poseían experiencia en materia antimonopolio, el WSJ recalca que McDonald carecía de ella, aunque a cambio había prestado servicios previos para Trump. Posteriormente, el presidente propuso a McDonald para ocupar el cargo de principal fiscal federal en Manhattan.
McDonald no fue el único letrado próximo a Trump que mostró interés por el asunto. El WSJ también señala que
los funcionarios del DoJ “descubrieron que Boris Epshteyn, coordinador legal privado de Trump, seguía con muchísimo interés la resolución del caso. Dichos funcionarios ignoraban si actuaba en representación de Trump, de Live Nation o de ambos a la vez”.
En última instancia, la estrategia de Live Nation de reclutar a partidarios de Trump dio frutos, dado que consiguió un pacto con el DoJ que —según denuncian numerosos críticos— contempla concesiones simbólicas por parte de la promotora musical que apenas mancillarán su hegemonía en el sector del entretenimiento en directo en Estados Unidos.
Y lo que es más relevante, el DoJ suprimió por completo su pretensión más ambiciosa dentro del litigio: obligar a Live Nation a desprenderse de Ticketmaster, revirtiendo así la fusión de 2010 que unió a ambas compañías.
Aunque, naturalmente, el respaldo de Trump no frenó a la mayoría de los estados estadounidenses implicados en el pleito, los cuales siguieron adelante y obtuvieron una victoria en los tribunales. Mientras el juez Subramanian evalúa qué medidas punitivas debe imponer tras el veredicto de monopolio, los estados continúan exigiendo la escisión de Live Nation y Ticketmaster.
Al responder a la publicación del WSJ, el vicepresidente ejecutivo de Asuntos Corporativos y Regulatorios de Live Nation, Dan Wall, defendió la decisión de la empresa de dialogar directamente con la Casa Blanca y la cúpula del DoJ, en lugar de negociar con el equipo antimonopolio que llevaba el peso de la demanda.
Al respecto, declaró: “La única razón por la que acudimos a la cúpula directiva del DoJ por encima de la división antimonopolio es porque nadie allí nos concedía la palabra. Cuando llevas seis meses intentando concertar una cita sin éxito, tienes todo el derecho a buscar alternativas”.
Asimismo, volvió a respaldar el pacto con el DoJ al argumentar que los detractores de la empresa critican lo acordado fundamentalmente porque “comparan este acuerdo con la ilusión irracional de fragmentar Live Nation y Ticketmaster”. A su juicio, teniendo en cuenta “las acusaciones reales de este proceso”, el arreglo con el DoJ logró “tantos o más” beneficios de la compañía que los que “habrían podido aspirar a conseguir en un juicio”.
Actualmente, la ciudadanía puede emitir valoraciones sobre los términos del acuerdo con el DoJ como parte de la revisión que encabeza el juez Subramanian. Se prevé que el magistrado decida si ratifica o no el pacto a finales de septiembre o principios de octubre. Asimismo, deberá resolver sobre la petición de Live Nation para anular el veredicto de monopolio y las medidas correctoras solicitadas por los estados.
