Informe noruego revela red de adopciones irregulares y tráfico de niños chilenos durante la dictadura
Un lapidario documento elaborado por el Comité Noruego de Investigaciones sobre Adopciones Irregulares expone graves falencias estatales, falsas muertes de recién nacidos, coacción a madres de origen mapuche y pagos a intermediarios entre 1987 y 2010.
SANTIAGO / OSLO — A fines de junio pasado, el Comité Noruego de Investigaciones sobre Adopciones Irregulares publicó un informe titulado “Justiciabilidad, riesgo y confianza”, que sacude las relaciones diplomáticas y pone la lupa sobre el rol de las instituciones de ambos países en el envío de al menos 313 menores chilenos a territorio nórdico. El capítulo chileno del documento, que abarca 40 de sus 772 páginas, detalla 61 casos específicos ocurridos entre 1987 y 2010 —49 de ellos antes de 1999, año en que Chile ratificó el Convenio de La Haya—, revelando un patrón sistemático de corrupción, engaños y vulneración de derechos humanos.
El informe califica como “un fallo grave” que las autoridades estatales de Noruega no hayan realizado evaluaciones exhaustivas sobre la viabilidad de los procesos de adopción, omitiendo deliberadamente el contexto político chileno. “Las autoridades noruegas no hicieron evaluaciones exhaustivas sobre si era justificable otorgar el permiso de tramitación para la adopción desde Chile, especialmente teniendo en cuenta que el país mantenía una dictadura militar con un grado significativo de corrupción, opresión política y graves violaciones de los derechos fundamentales”, consigna el texto.
El rol de Adopsjonsforum y pagos a intermediarios
La investigación apunta directamente a la organización Adopsjonsforum, la única entidad noruega autorizada para mediar adopciones desde Chile durante ese periodo. Según los registros, la organización comenzó a operar en el país en 1979 durante la dictadura, vinculándose con centros como la Casa Nacional del Niño y el entonces Servicio Nacional de Menores (Sename).
Sin embargo, el informe de la comisión destapa incentivos económicos cuestionables y operaciones al margen de la ética. De acuerdo con los antecedentes recopilados, el representante legal de Adopsjonsforum en Chile recibía USD $1.000 por cada menor adoptado durante la década de 1980, mientras que una trabajadora social que hacía de vínculo con instituciones públicas y cristianas recibía USD $100 por caso.
Incluso, la investigación documenta episodios donde el propio representante legal acudía a tribunales para declarar niños en estado de abandono sin justificación clara, y utilizaba influencias para presionar a las familias biológicas. En un intercambio de faxes de 1990, un ejecutivo de la entidad relata haber viajado a dos ciudades para “pescar a la madre y transportarla directamente al tribunal de Lautaro”, jactándose de haber conseguido que un teniente de Carabineros cumpliera la promesa de hacerla comparecer “bajo arresto si fuera necesario”. Para el comité, esta utilización policial constituyó una acción “claramente poco ética”.
Además, el organismo noruego señala que la entidad intermediaria omitió e incluso desinformó a sus propias autoridades sobre la corrupción generalizada que imperaba en el Sename, antecedentes de los cuales sus empleados habrían tenido plena impresión durante una visita realizada en 1991.
El patrón en Temuco: discriminación y sustracción de menores
El epicentro de gran parte de las irregularidades documentadas apunta a la jurisdicción de Temuco. De los 49 casos previos a 1999 analizados, 28 están firmados por la misma jueza de menores de dicha ciudad o por jueces suplentes de su tribunal. Aunque el informe no revela su nombre, organizaciones de derechos humanos han identificado a la magistrada Tatiana Román Beltramin —quien se desempeñó en el cargo entre 1971 y 1994 y falleció en mayo de 2023— como responsable de múltiples resoluciones que permitieron la salida irregular de menores del país.
Los testimonios de las víctimas recogidos por la comisión revelan un modus operandi recurrente que afectó, en su mayoría, a madres de escasos recursos y de origen mapuche. El patrón incluía relatos desgarradores: mujeres a las que se les hacía firmar papeles en blanco en los pasillos de los hospitales bajo engaño de que eran trámites vitales, o madres a quienes se les aseguraba que sus hijos habían fallecido tras el parto para luego desaparecerlos de las incubadoras.
El informe concluye que la jueza de Temuco compartía “total o parcialmente” prejuicios contra los pueblos originarios, en sintonía con las actitudes del régimen militar. Asimismo, contextualiza que las instituciones de protección de menores de la época estaban controladas por estructuras cívico-militares, donde las esposas de altos oficiales participaban como voluntarias.
Reacciones y vías judiciales
Durante la elaboración del informe, el comité viajó a Chile para reunirse con las agrupaciones de búsqueda Hijos y Madres del Silencio y Nos Buscamos, así como con el ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar, y con representantes de la Cancillería.
Marisol Rodríguez, fundadora de Hijos y Madres del Silencio, valoró el documento como un hito histórico: “Un país receptor reconoce formalmente su negligencia en las adopciones de niños chilenos. Ese es un reconocimiento que valida lo que las víctimas venimos diciendo hace mucho rato. Esto no fueron casos aislados, fue un sistema”.
Por su parte, el embajador de Noruega en Chile, Per Anders Nilsen, calificó los hallazgos como “impactantes” en declaraciones a CIPER, y señaló que el informe ya se encuentra en proceso de consulta pública en el país europeo para servir de base a un seguimiento oficial.
A la fecha, cifras del Poder Judicial y del gobierno noruego indican que unos 200 niños ingresaron a Noruega producto de adopciones entre 1975 y 2005. De ese total, solo seis casos han sido judicializados en Chile: cinco permanecen con sobreseimiento temporal a la espera de nuevos antecedentes, y uno continúa en curso. En total, las investigaciones noruegas motivadas por adopciones de infantes chilenos ascienden a al menos 313 expedientes.
