Las plataformas SeatGeek, Vivid Seats, TickPick y Gametime han demandado al Distrito de Columbia con el propósito de frenar una nueva legislación que limita las tarifas de reventa de boletos.
Los cuatro mercados de entradas presentaron su demanda ante la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia este miércoles (14 de octubre), en colaboración con el Ticket Policy Forum (TPF).
El TPF, una asociación comercial que agrupa a mercados de entradas en línea y cuyos integrantes incluyen a estas cuatro firmas, funge como el demandante principal en este litigio.
Los demandantes están solicitando una orden judicial preliminar para frenar la llamada Ley RESALE del Distrito, cuya entrada en vigor está programada para el 1 de enero de 2027.
Dicha normativa establece un tope en la reventa de entradas para conciertos, obras de teatro, espectáculos de comedia y otros eventos en vivo en D.C., fijando un máximo del 10% por encima del costo original, incluyendo impuestos y cargos.
Asimismo, la medida restringe la comisión por servicio que un sitio de reventa puede cobrar a un máximo del 10% basado en ese mismo valor inicial.
La legislación exime a la gran mayoría de los eventos deportivos y cinematográficos dentro del Distrito.
La Ley RESALE también obliga a los intermediarios de reventa a exhibir públicamente el precio original de adquisición de cada localidad ofertada.
“Bajo el falso argumento de la accesibilidad económica, el Distrito aprobó una normativa que empujará la venta de entradas hacia la clandestinidad, exponiendo a los seguidores a mayores peligros de estafas callejeras y fraudes”, declaró Brian Berry, director ejecutivo del Ticket Policy Forum. “Esta ley, jurídicamente deficiente, pretende aplicarse a transacciones realizadas mayoritariamente fuera del Distrito e impone topes arbitrarios vinculados al costo original de un ticket, información que las empresas del mercado secundario no poseen ni pueden revelar por no haber participado en la operación inicial.
“Bajo el falso argumento de la accesibilidad económica, el Distrito aprobó una normativa que empujará la venta de entradas hacia la clandestinidad, exponiendo a los seguidores a mayores peligros de estafas callejeras y fraudes.”
Brian Berry, Ticket Policy Forum
“Resulta llamativo que la ley exima las ventas primarias, como las de las taquillas de Ticketmaster, permitiéndoles subir precios y socavando el supuesto objetivo de la norma, al tiempo que dificulta que nuestros miembros compitan en un ecosistema dominado por un monopolio ilegal. Exigimos a la corte que bloquee su aplicación antes de que esta ley –similar a proyectos presentados en otros 15 estados este año– provoque daños graves y duraderos”.
El recurso legal sostiene que la Ley RESALE infringe la Cláusula de Comercio latente, la Cláusula del Debido Proceso y la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
También argumenta que se viola la Ley de Autonomía (Home Rule Act), la cual prohíbe al Consejo de D.C. legislar sobre asuntos cuya aplicación no se circunscriba “exclusivamente en o hacia el Distrito”.
De acuerdo con el escrito judicial, menos del 1% de las transacciones gestionadas en las plataformas de los demandantes el año pasado involucraron tanto a un comprador como a un vendedor situados en D.C.
Cerca del 85–90% de las operaciones para espectáculos que no fueran deportivos dentro del Distrito ocurrieron entre partes ubicadas fuera de este territorio, detalla el documento.
Respecto al límite en las tarifas, la demanda ejemplifica: “Cuando una entrada de concierto de $40 se revende por $44, que es el máximo permitido, la ley permite cobrar $4 a los demandantes. Sin embargo, los costos operativos para completar la transacción superan esa cifra”.
En cuanto a la infracción a la Primera Enmienda, el texto señala que se obliga a los portales de reventa a publicar un valor original a pesar de que “no intervinieron en la venta primaria y, por lo general, carecen de medios para conocer o verificar lo que el primer comprador pagó”.
La demanda incluye ocho cargos distintos, sumando argumentos sobre la Cláusula de Expropiación, principios de igualdad ante la ley, la Cuarta Enmienda y la preempción bajo la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones.
Al considerar que los topes de precios y comisiones son el núcleo de la Ley RESALE —la cual carece de una cláusula de divisibilidad—, los demandantes solicitan que se declare la invalidez total de la normativa.
Su moción pide que el tribunal emita un fallo sobre la medida cautelar a más tardar el 10 de diciembre, dejando margen para una eventual apelación si fuese necesario.
En caso de que la ley entre en vigor, el TPF advierte que los involucrados “tendrán que comercializar entradas a pérdida o dejar de ofrecer eventos en D.C.”.
Los demandantes están bajo la representación legal del bufete Gibson, Dunn & Crutcher.
Otros socios del TPF, como StubHub y Events Ticket Center, no figuran formalmente como demandantes, aunque la solicitud legal pide frenar la ejecución de la norma para todos los asociados al grupo.
El documento cuestiona con dureza los procedimientos mediante los cuales el Consejo de D.C. aprobó la legislación.
Indica que el Comité de Obras Públicas y Operaciones del Consejo eliminó los límites de precios y tarifas del proyecto en junio, tras un análisis de ocho meses.
En su lugar, dicha comisión propuso facultar al Alcalde para regular los precios y cargos en los mercados primarios y secundarios, previo estudio exhaustivo.
Ocho días más tarde, una enmienda presentada en el pleno por los concejales Charles Allen y Christina Henderson restituyó los topes.
Representantes de la administración de la alcaldesa Muriel Bowser habían advertido en audiencias públicas que los topes de precios “podrían desviar involuntariamente la actividad hacia mercados no regulados, elevando los índices de fraude y las pérdidas financieras para los consumidores”, según consta en el expediente.
Los demandantes afirman que la ley fue redactada para privilegiar intereses locales de D.C. por encima de compañías foráneas.
La demanda cita declaraciones del concejal Matthew Frumin durante la sesión del Consejo del 30 de junio, donde calificó la iniciativa como “un esfuerzo para captar los dólares de grandes corporaciones internacionales de plataformas que perciben comisiones elevadas”.
Durante la segunda votación del Consejo el 14 de julio, una modificación impulsada por la concejala Brooke Pinto eliminó las facultades restantes del Alcalde para regular tarifas en el mercado primario. Según la demanda, Pinto afirmó que dicho cambio devolvería “recursos económicos a nuestra economía local”.
La exención para los deportes sobrevivió en esa misma reunión, cuando Allen agradeció a los equipos Washington Nationals y Monumental Sports por aportaciones y perspectivas que, según la demanda, jamás formaron parte del registro público. Los demandantes sostienen que esta excepción, sumada a la restricción exclusiva en el mercado secundario, evidencia un diseño legislativo proteccionista.
Allen, impulsor del proyecto en abril de 2025, declaró tras su aprobación unánime en el Consejo aquel día: “Los revendedores han utilizado la tecnología y ganancias desmedidas para convertir nuestra escena de entretenimiento en el salvaje oeste…”.
Añadió que preveía que otras jurisdicciones imitarían la medida al comprobar que D.C. logró “proteger el bolsillo de los residentes y retener más dinero en nuestra economía local en lugar de financiar a las grandes tecnológicas”.
El texto judicial utiliza la frase “retener más dinero”, junto con los comentarios de Frumin y Pinto, como pruebas de la “finalidad proteccionista” de la Ley RESALE.
Bowser ratificó la legislación el 10 de agosto, la cual entró en vigor el 25 de septiembre tras agotarse el plazo de revisión en el Congreso, de acuerdo con el escrito.
Un informe del comité del Consejo de D.C. citado en el recurso señala que Ticketmaster controlaba más del 80% de la boletería primaria en los recintos principales del país, aplicando tarifas de hasta el 44% sobre el valor del ticket.
En abril, un jurado federal en Manhattan determinó que Live Nation y Ticketmaster operaban como un monopolio ilegal en el mercado de boletaje estadounidense.
Los estados que impulsaron el veredicto –una coalición de 33 entidades junto al Distrito de Columbia– continuaron con el juicio a pesar de que el Departamento de Justicia de EE. UU. llegó a un acuerdo con Live Nation en marzo.
Por su parte, Live Nation declaró previamente al canal afiliado a NBC, News4, que apoya “la prohibición de la venta especulativa de entradas y las iniciativas para limitar los precios de reventa”, tal como informó MBW en julio.
Los límites a los precios de reventa ya son ley en los estados de Maine y Vermont.
En Massachusetts, la gobernadora Maura Healey —quien propuso en julio un tope del 110% sobre el valor nominal para la reventa de entradas a conciertos— incorporó la disposición dentro de un presupuesto suplementario presentado en septiembre.
En California, un proyecto para limitar los precios de reventa al 10% por encima del valor facial, acotado en mayo a recintos independientes con aforos de 3.000 personas o menos, fue rechazado en un comité del Senado en agosto.
Los gastos de cabildeo político de StubHub en California alcanzaron los 3,4 millones de dólares al cierre de junio, según registros estatales revisados por The Hollywood Reporter.
Más de 1 millón de dólares de los desembolsos de StubHub realizados entre abril y junio se destinaron al Ticket Policy Forum, reportó el medio THR.
Hasta el momento de la presentación del recurso, la postura del Distrito frente a la solicitud de medida cautelar no había sido divulgada, según indicaron los demandantes.Music Business Worldwide
