Los sectores creativos y de medios de comunicación en Australia han unificado fuerzas para exigir al gobierno del país que rechace las presiones de las grandes empresas tecnológicas destinadas a modificar las leyes de propiedad intelectual. El objetivo de estas modificaciones sería facilitar que las compañías de inteligencia artificial utilicen contenidos existentes para entrenar sus modelos sin necesidad de obtener el consentimiento previo de los creadores y titulares de derechos.
Este sector apoya una nueva campaña bajo el lema Not AI’s To Take (“No es propiedad de la IA para tomar”), la cual ha sido presentada justo antes de la celebración de los prestigiosos premios ARIA Awards de la industria discográfica australiana que tendrán lugar mañana por la noche.
Esta iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación dentro de las industrias creativas y de medios en Australia, ante los indicios de que los ministros estarían evaluando reformas legales que, en la práctica, permitirían a las empresas tecnológicas emplear material protegido en sus entrenamientos sin pedir autorización, a menos que el titular decida excluirse formalmente.
Es una propuesta similar a la que planteó el gobierno británico a finales de 2024, un plan que los ministros del Reino Unido abandonaron a principios de este año. El sitio web de la campaña Not AI’s To Take señala que los sectores creativos y mediáticos de Australia “aportan 70.300 millones de dólares a nuestra economía y dan empleo a casi 600.000 trabajadores”. Asimismo, subraya que “la IA extranjera no debería utilizar nuestro trabajo creativo sin permiso ni compensación económica”.
Entre las entidades musicales que respaldan la campaña se encuentra la sociedad de gestión colectiva APRA, cuyo director general, Dean Ormston, afirma que “una relación mutuamente beneficiosa entre las grandes tecnológicas y las industrias creativas mundiales debería ser evidente”, pero esto no se está logrando debido a que “la gran tecnología dio por sentado que podía evitar pedir permiso o pagar por el ingrediente principal de sus plataformas: el contenido creativo”.
A su juicio, la función del gobierno “no es proteger a las empresas de inteligencia artificial de las consecuencias de apropiarse del trabajo de los creadores”. En su lugar, debería obligar a dichas compañías a sentarse a negociar para conseguir las licencias correspondientes. “Si un acuerdo fracasa porque las condiciones no convencen o los creadores deciden no participar”, añade, “eso constituye una consecuencia comercial, no un motivo para reescribir la ley”.
Las obligaciones en materia de derechos de autor para las empresas de inteligencia artificial han generado intensos debates políticos y jurídicos a nivel global, acompañados de numerosas acciones de presión y litigios, con decenas de demandas que todavía transitan por los tribunales en diversos países.
Gran parte de las compañías de IA consideran que deberían tener la potestad de copiar grandes volúmenes de obras protegidas —ya sean textos, imágenes, vídeos, audios o canciones— durante sus fases de aprendizaje automático sin requerir la autorización de los autores o propietarios.
En Estados Unidos, sostienen que este entrenamiento constituye un uso justo (*fair use*), por lo que no es indispensable pedir permisos. En otras naciones, buscan excepciones específicas en la normativa de copyright orientadas al entrenamiento de la IA, comúnmente conocidas como excepciones de minería de textos y datos (TDM).
Por su parte, las industrias culturales —incluido el sector musical— defienden que, si las firmas tecnológicas desean emplear material ajeno para entrenar sus modelos, deben solicitar y negociar las licencias pertinentes con los legítimos propietarios.
Si bien este proceso requiere tiempo y recursos financieros, los marcos de concesión de licencias ya están operativos. Además, las compañías de IA destinan miles de millones al desarrollo de sus tecnologías, y los actores principales de este mercado ostentan o persiguen valoraciones de billones de dólares.
Mientras el gobierno británico planteaba una nueva excepción de minería de datos a finales de 2024 —aunque contemplando la opción de exclusión voluntaria (*opt-out*), lo que exigía permiso si no se rechazaba expresamente—, los ministros en Australia se mostraban firmes en su postura de no debilitar la ley de propiedad intelectual en favor del sector tecnológico.
En octubre pasado, la fiscal general del país, Michelle Rowland, declaró a la cadena ABC que, si bien era necesario revisar la legislación australiana sobre derechos de autor ante el auge de la IA, “dejamos muy claro que no vamos a contemplar una excepción de minería de textos y datos”.
A su vez, tan recientemente como en julio, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó que “ninguna empresa debe utilizar libros, música, arte o noticias de Australia para crear o entrenar sistemas de inteligencia artificial sin el control del artista. Eso incluye que el artista controle el precio y el valor de su obra. Cualquier cosa por debajo de eso es robo”.
No obstante, a pesar de que el gobierno británico descartó formalmente sus planes de crear una nueva excepción de copyright por TDM en el mes de marzo, en los últimos meses se ha informado profusamente de que el ejecutivo australiano estaría valorando introducir modificaciones legales para beneficiar a las empresas de IA.
Los cambios en estudio no se presentarían formalmente bajo la figura de una excepción de TDM, lo que permitiría a Rowland mantener técnicamente su compromiso previo. Sin embargo, establecer cualquier obligación que exija a los titulares excluir activamente sus obras del entrenamiento de la IA equivaldría prácticamente a lo mismo.
También se baraja la posibilidad de que las tecnológicas realicen algún tipo de aportación económica a un sistema de gestión colectiva para compensar aquellas obras que no hayan sido excluidas de forma explícita, lo que constituiría una suerte de licencia obligatoria. Esta alternativa también genera el rechazo frontal de los sectores creativos y de comunicación.
Este giro en la postura de Australia se produce tras un intenso cabildeo por parte de las grandes tecnológicas y el sector de la IA, que argumentan que el marco actual de derechos de autor en el país disuadirá a numerosas empresas de invertir en el territorio, un argumento tajantemente rechazado por la industria musical y el resto de los sectores protegidos por el copyright.
En el Reino Unido, creadores y titulares de derechos de la música, el cine, la televisión, la literatura, la prensa y las artes visuales unieron sus fuerzas para frenar con éxito los planes gubernamentales de instaurar una excepción de TDM favorable a la inteligencia artificial. Mediante esta nueva campaña en Australia, se busca replicar dicha estrategia para bloquear las reformas legales que actualmente se encuentran bajo análisis.
Entre las organizaciones musicales involucradas destacan las sociedades de gestión APRA AMCOS y PPCA, además de las asociaciones sectoriales ARIA, Artists Alliance Of Australia, Association Of Artist Managers, Australasian Music Publishers’ Association, Australian Guild Of Screen Composers, Music Producer & Engineers’ Guild y la Australian Independent Record Labels Association.





