A principios de este mes, el Departamento de Justicia de Donald Trump intervino en una importante batalla legal sobre derechos de autor que involucra a OpenAI. La entidad gubernamental argumentó ante un tribunal de Nueva York que, cuando la empresa de inteligencia artificial entrenó su modelo utilizando millones de obras existentes, actuó bajo el principio de “uso justo” (*fair use*) de la ley estadounidense de propiedad intelectual. Esto significaría que la compañía no necesitaba solicitar permiso ni autorización a los creadores o titulares de derechos para replicar sus contenidos.
Como respuesta, varios de los propietarios de dichos derechos han alzado la voz para explicar por qué el Departamento de Justicia (DoJ) se equivoca radicalmente en su postura. Asimismo, han puesto en tela de juicio si dicha conclusión responde en realidad a los “intereses políticos y financieros” de la actual administración, señalando que “las empresas de IA y sus altos ejecutivos figuran entre los principales donantes de este gobierno” y que, según informes, “la administración estaría evaluando la oferta de OpenAI de ceder una participación del 5% en la compañía para calmar las presiones desde Washington”.
Aunque este litigio en particular no está vinculado con el sector musical, casi todas las demandas presentadas por creadores y titulares contra empresas de IA en Estados Unidos dependen de si el entrenamiento de los modelos constituye o no un uso justo según la legislación del país. Esto incluye los procesos judiciales entablados por la industria musical contra Suno, Udio y Anthropic.
A pesar de que las particularidades de cada caso influirán en el resultado, a la industria de la música —y a todos los sectores creativos— les beneficiaría enormemente la consolidación de un consenso general que establezca que el entrenamiento de IA no califica como uso justo, salvo en circunstancias sumamente específicas.
Previamente, funcionarios de la administración Trump habían señalado que correspondía a los tribunales determinar si el entrenamiento de IA entraba en la categoría de uso justo. Sin embargo, la intervención del DoJ en el caso de OpenAI dejó en evidencia el veredicto que el gobierno espera de la justicia. La institución afirmó que cualquier conclusión contraria al uso justo en el entrenamiento de OpenAI iría “en contra de los principios fundamentales de los derechos de autor” y “frenaría gravemente” el “avance de la ciencia y las artes”.
Diversos medios de comunicación involucrados en el caso contra OpenAI, entre ellos el New York Times, han respondido enérgicamente a la maniobra del DoJ mediante un nuevo escrito presentado ante el tribunal. En él exponen cuatro argumentos principales para demostrar que el gobierno de Trump yerra al calificar el entrenamiento de IA como uso justo, los cuales resultan aplicables a cualquier contienda legal vigente entre titulares de derechos y desarrolladores de tecnología.
El DoJ ignoró los hechos y a los expertos
En primer lugar, los medios sostienen que el comunicado presentado por el DoJ ante la corte no constituye “una evaluación informada de los hechos del caso”, a pesar de que el propio departamento gubernamental admitió que cualquier análisis sobre el uso justo “depende de las circunstancias y usos específicos de cada controversia”. Esto se debe, en parte, a que la agencia emitió su postura antes de que se integrara y hiciera público gran parte del expediente probatorio.
Entre los documentos omitidos se incluye aquel que recoge las declaraciones de un alto cargo de Microsoft, accionista de OpenAI, quien admitió que el aprovechamiento de contenidos existentes por parte de la industria de la IA constituye “uno de los mayores robos de propiedad en la historia de la humanidad” y que cualquier defensa basada en el uso justo “se burla por completo del concepto”.
Si bien estas declaraciones resultan incómodas para OpenAI, su relevancia directa para determinar la legalidad del entrenamiento tecnológico es debatible. No obstante, los medios recalcan que el DoJ también ignoró cientos de documentos adicionales, transcripciones de declaraciones de más de 70 testigos y decenas de informes elaborados por expertos.
En lugar de atender a dichos argumentos legales o criterios técnicos, el DoJ optó por respaldar la postura de OpenAI motivado por razones de índole política.
Los pronunciamientos políticos del DoJ no alteran el análisis del uso justo
Esto conduce al segundo argumento expuesto. Las organizaciones de noticias señalan que la postura del DoJ sobre el uso justo se limita a repetir la narrativa política de la administración Trump, según la cual “el desarrollo sin restricciones de la inteligencia artificial es de máxima prioridad para la seguridad nacional”.
Los medios argumentan que la protección legal de los derechos de autor no está frenando la evolución de la IA. Pero incluso si así fuera, recuerdan que la Corte Suprema de Estados Unidos ha establecido desde hace tiempo que “los tribunales no renuncian a su función judicial simplemente porque el poder ejecutivo invoque motivos de seguridad nacional”.
Los derechos de autor no representan un freno para el desarrollo tecnológico
El tercer argumento profundiza en la narrativa del DoJ respecto a que la obligación de adquirir licencias de los creadores impondría una barrera insalvable para el progreso de la inteligencia artificial.
Las organizaciones periodísticas desmienten esta premisa, asegurando que los acuerdos de licenciamiento son totalmente viables —y de hecho se están negociando en la actualidad—, con la única salvedad de que implican un costo financiero para las empresas de tecnología. Sin embargo, recuerdan que “en cualquier sector industrial se paga por las materias primas”, y en el ámbito de la IA esto se traduce en retribuir el acceso a los contenidos utilizados para el entrenamiento.
Las compañías que desarrollan estos modelos cuentan con la capacidad económica para sufragar dichas licencias. Muchas operan como gigantes tecnológicos que figuran entre “las empresas más grandes del planeta”, mientras que firmas especializadas como OpenAI y Anthropic se encaminan hacia ofertas públicas de venta de acciones que las valorarían en torno al billón de dólares.
Profundizando en este punto, los medios recuerdan que “OpenAI concretó una alianza con Microsoft mediante la cual esta última le otorgó acceso a la potencia de cálculo y otros recursos indispensables”, derivando en que “Microsoft haya invertido más de 100.000 millones de dólares en el desarrollo de OpenAI”.
“La necesidad de acceder a recursos valuados en 100.000 millones de dólares constituyó indudablemente una barrera titánica para la inserción de OpenAI en el mercado de la IA”, añaden. Bajo la lógica del DoJ, se debió exigir a Microsoft que cediera dichos recursos de manera totalmente gratuita.
Asimismo, “el hecho de que OpenAI requiriera 100.000 millones de dólares de una única fuente para iniciar el desarrollo de sus modelos demuestra que, dentro de los obstáculos para ingresar al ecosistema de la inteligencia artificial, las tarifas de licencia por contenidos protegidos son una mera anécdota”.
El DoJ pasó por alto a la Oficina de Derechos de Autor
Por último, cuando un departamento del gobierno estadounidense interviene en un proceso judicial de esta magnitud, el protocolo habitual exige consultar previamente a las agencias gubernamentales competentes, lo que en este caso incluiría a la Oficina de Derechos de Autor de EE. UU. (*US Copyright Office*).
Sin embargo, el DoJ omitió este paso. El hecho no sorprende si se considera que dicha oficina sigue bajo la dirección de Shira Perlmutter, a quien la administración Trump intentó destituir justamente el día después de que se publicara un informe institucional sobre el debate en torno a la IA y el uso justo en mayo del año pasado.
Aunque aquel documento reconocía que el entrenamiento de modelos podía constituir uso justo en escenarios muy acotados, en líneas generales se inclinaba por proteger los intereses de los creadores frente al sector tecnológico, motivo por el cual el DoJ prefiere ignorar sus conclusiones.
Los medios concluyen señalando que “el hecho de que el DoJ omita cualquier perspectiva contraria y despache el exhaustivo estudio de la Oficina de Derechos de Autor con una nota a pie de página sugiere que la institución pudo verse influenciada por factores externos, incluidos los intereses políticos y financieros de la administración”. Esto comprende tanto las donaciones de campaña a favor de Trump como los rumores sobre la posible participación accionaria del 5% del gobierno federal en OpenAI.
Si bien los diarios reconocen que “los factores políticos siempre condicionarán hasta cierto punto las posturas procesales del gobierno”, enfatizan que “la magnitud, el alcance y la falta de transparencia de los esfuerzos realizados por la industria de la IA para influir en esta administración no deben restarse importancia con ligereza”.
