Las regalías mecánicas que se abonan a los compositores y editoriales musicales en Estados Unidos atraviesan una vez más su evaluación semi-regular. Los jueces de la Copyright Royalty Board (CRB) tienen la responsabilidad de definir cuáles serán las tarifas de estas regalías para soportes físicos y streaming durante el período comprendido entre 2028 y 2032.
Las regalías mecánicas se generan cada vez que una canción u obra musical es duplicada, ya sea en un formato físico o a través de plataformas digitales. En territorio estadounidense existe una licencia obligatoria que regula los derechos mecánicos, la cual exige que los autores y editoriales permitan a terceros replicar sus temas bajo tarifas fijadas por la CRB, lo que otorga una enorme relevancia a sus fallos.
Estas tasas se actualizan cada cinco años. El proceso anterior, denominado “phonorecords IV”, abarcó los años 2023 a 2027. El ciclo actual, bautizado como “phonorecords V”, determinará los pagos vigentes entre 2028 y 2032.
Los montos correspondientes a formatos físicos y servicios de streaming se evalúan a través de procesos separados. El día de ayer venció el plazo para la presentación de los argumentos iniciales ante la CRB en lo referente a las tarifas de streaming, tanto por parte de autores y editoriales como de las propias plataformas.
Sin embargo, los magistrados de la CRB ya se encuentran examinando una propuesta relacionada con el costo de los soportes físicos. Se trata básicamente de un acuerdo pactado entre editoriales y discográficas, dado que son estas últimas las que habitualmente cubren las regalías mecánicas cada vez que se comercializan CDs o discos de vinilo, al explotar los derechos mecánicos en cada tirada.
Dado que las tres grandes discográficas coinciden con las tres principales editoriales, terminan ocupando ambos lados de la mesa de negociación. Esto genera de manera constante inquietudes sobre un posible conflicto de intereses que reduzca las retribuciones a los creadores independientes. No obstante, en una nueva presentación realizada la semana pasada ante la CRB, los grandes sellos negaron una vez más cualquier tipo de colusión interna.
Dicho documento respondía a los interrogantes planteados por los jueces de la CRB sobre un acuerdo propuesto que mantendría la tarifa física vinculada a la inflación actual. “No existe evidencia de mala conducta o de problemas derivados de conflictos de intereses que justifiquen rechazar el acuerdo”, señalaron los sellos principales ante los tribunales.
Si bien las tres editoriales principales forman parte de la National Music Publishers Association (NMPA) —entidad que lidera las negociaciones por el sector editorial—, los sellos enfatizan que también participan más de 300 editoriales independientes.
Asimismo, el pacto propuesto cuenta con el respaldo de organizaciones que representan a compositores individuales y sellos independientes, lo que demuestra que “la superposición de propiedad en un número reducido de entidades no impidió que las negociaciones se desarrollaran de forma justa y equitativa”.
Regalías mecánicas en EE. UU.: Streaming
En el ámbito del streaming, son plataformas como Spotify, Apple Music y Amazon Music las encargadas de abonar las regalías mecánicas a autores y editoriales a través de la sociedad de gestión colectiva The MLC, aplicando la tarifa fijada por la CRB.
Este ha sido el terreno donde las editoriales han librado sus batallas más duras en los últimos años, buscando elevar lo que perciben los creadores, al menos en sintonía con el modelo europeo. En Europa no existen licencias obligatorias, lo que permite a las editoriales y sociedades negociar los valores directamente con cada plataforma.
De hecho, durante la revisión de “phonorecords IV”, los servicios de streaming y las editoriales alcanzaron un entendimiento con relativa rapidez, el cual fue posteriormente ratificado por la CRB. Esto contrastó fuertemente con la revisión anterior, marcada por una larga y sonada batalla legal entre las editoriales y la mayoría de las plataformas.
La tarifa general de streaming se calcula como un porcentaje de los ingresos de los servicios. Actualmente este porcentaje experimenta un leve incremento anual, comenzando en un 15,1% en 2023 y previsto para alcanzar el 15,35% el próximo año. Cabe destacar que el streaming también explota derechos de ejecución pública independientes, cuyos réditos recaudados por entidades como BMI y ASCAP se deducen de la tarifa mecánica principal.
Si bien la última revisión de estas regalías transcurrió sin grandes sobresaltos, desde la fijación de las tarifas actuales se han desatado numerosos conflictos.
El motivo principal ha sido la disputa entre las editoriales y Spotify a raíz del descuento por “empaquetamiento” (bundling) que permite la licencia obligatoria cuando un servicio ofrece música junto a otros contenidos, como audiolibros. Spotify incorporó el acceso a audiolibros en todas sus cuentas prémium de forma automática y aplicó dicho descuento, reduciendo los pagos a autores y compositores.
Esta medida desató la indignación del sector y derivó en una demanda judicial impulsada por The MLC que aún continúa en curso. En consecuencia, es probable que la actual revisión de la CRB esté dominada por debates en torno a los descuentos de la licencia más que por la tarifa propiamente dicha.
Próximamente analizaremos las propuestas presentadas ante la CRB sobre las tarifas de streaming y detallaremos las principales demandas en un artículo futuro.
Regalías mecánicas en EE. UU.: Discos
Tratándose de CDs, vinilos y descargas digitales, el pago de las regalías mecánicas en Estados Unidos recae habitualmente sobre el sello discográfico. Aunque los ingresos por soportes físicos ya no dominan el mercado para los autores, las ventas físicas han experimentado un repunte en el país durante los últimos años. Según cifras recientes de la RIAA, los ingresos físicos de la industria musical crecieron un 25,9% en la primera mitad de 2026, abarcando un 12% de la recaudación total de música grabada.
A diferencia del streaming, la tarifa mecánica para discos y descargas se establece por copia. Esto significaba que, antes de 2023, el valor real de la regalía se devaluaba año tras año a causa de la inflación.
La revisión “phonorecords IV” solucionó este inconveniente al introducir un ajuste inflacionario anual. Tras dicho proceso, la tarifa se fijó en 12 centavos por copia en 2023, con incrementos sucesivos basados en el Índice de Precios al Consumidor, ubicándose actualmente en 13,1 centavos.
A principios de este año, diversos gremios de la industria musical —incluyendo la National Music Publishers Association y la Recording Industry Association Of America— comunicaron a la CRB su acuerdo para prorrogar este sistema desde 2028 hasta 2032 bajo los mismos parámetros inflacionarios.
Dicha propuesta fue respaldada por la NMPA por el lado editorial, así como por los grandes sellos y la asociación de sellos independientes A2IM. También contó con el apoyo de la Nashville Songwriters Association International y la Music Artists Coalition en representación de los creadores.
Sin embargo, existen detractores de esta propuesta, entre los que figuran el Songwriters Guild Of America, la organización de derechos Word Collections, la editorial de Eminem, Eight Mile Style, y el compositor George Johnson, quien supervisa de cerca los procedimientos de la CRB en defensa de sus colegas.
Ante las objeciones presentadas respecto al statu quo, los jueces de la CRB interpelaron a las organizaciones firmantes, cuyas respuestas fueron entregadas el pasado viernes.
En sus escritos, los grupos de editoriales, sellos y creadores defienden el acuerdo vigente. Aclaran que, si bien se toma como punto de partida la tarifa de 12 centavos de 2023, esto no implica un retroceso a dichos valores.
En sus declaraciones afirman: “Para mayor claridad, y contrariamente a lo señalado por algunos participantes, la propuesta de acuerdo no retrotrae las tarifas de 2028 a los 12 centavos de 2023. Por el contrario, el acuerdo continuará ajustando los valores cada año para reflejar las variaciones en el costo de vida”.
Evidentemente, aunque “phonorecords IV” corrigió la falta de perspectiva inflacionaria del sistema previo, no todos consideraban que los 12 centavos por copia de 2023 fueran un punto de partida equitativo. Los partidarios del actual “phonorecords V” prefieren no reabrir ese debate, algo que sus opositores sí buscan hacer.
¿Conflicto de intereses?
La preocupación de que los conflictos de intereses en las grandes empresas reduzcan las percepciones de los autores no se limita a las audiencias de la CRB. Ciertas editoriales independientes sostienen desde hace tiempo que dicha tensión afecta también las ganancias obtenidas por streaming fuera de Estados Unidos.
El supuesto conflicto radica en que, en los contratos editoriales, la mayor parte de los ingresos se transfiere al compositor, mientras que en los contratos discográficos tradicionales los artistas perciben una proporción minoritaria. En consecuencia, a los accionistas de los grandes conglomerados les resulta más rentable canalizar los fondos a través de sus sellos que por sus divisiones editoriales.
Pese a ello, las grandes compañías han negado rotundamente la existencia de colusión entre sus sellos y editoriales al momento de licenciar servicios de streaming.
Argumentan que sus divisiones editoriales siempre procuran el mejor acuerdo para sus compositores al negociar directamente, señalando además que, fuera del repertorio angloamericano, suelen ser las sociedades de gestión colectiva las que pactan las tarifas.
No obstante, sectores de compositores e independientes se muestran escépticos ante estos argumentos. Con la negociación de acuerdos vinculados a la inteligencia artificial en el horizonte, los creadores vigilarán de cerca los términos pactados: si las licencias de IA replican el modelo del streaming —donde la grabación recibe mayor proporción que la composición—, el debate sobre el conflicto de intereses volverá al centro de la escena.
Dicho esto, en el mercado de streaming estadounidense, al ser las editoriales y las plataformas quienes interactúan ante la CRB y no los sellos, este conflicto no opera de la misma manera. Aun así, considerando que las plataformas destinan entre el 50% y el 55% de sus ingresos a discográficas y distribuidoras, y deben retener entre un 30% y un 35% para su modelo de negocio, el margen remanente para los compositores resulta sumamente reducido.
Por el contrario, en lo referente a las regalías mecánicas de discos y descargas, la cuestión del conflicto de intereses adquiere total protagonismo. George Johnson lo advirtió a comienzos de este verano al rechazar formalmente la propuesta de continuidad.
El compositor declaró ante los jueces de la CRB que existe un “peligro evidente de que se hayan producido prácticas de autocontratación entre las grandes discográficas, sus editoriales verticalmente integradas y las asociaciones comerciales que las representan”.
Como resultado, añadió, se producen “negociaciones entre partes con intereses idénticos” que distan de ser transacciones en condiciones de igualdad, generando un “falso consenso que excluye la participación y anula los intereses de los compositores y editoriales independientes a los que pretende vincular”.
Por su parte, la National Music Publishers Association, secundada por los sellos, rechazó tales acusaciones en su última presentación ante la CRB, respaldada también por la Nashville Songwriters Association International y la Music Artists Coalition.
En su réplica señalan: “La afirmación de que existe algún tipo de ‘colusión’ es una falacia contraria a la historia documentada de las relaciones entre la NMPA y los sellos discográficos participantes”.
Y añaden: “Aunque exista una propiedad común entre las tres grandes editoriales —miembros de la NMPA— y las discográficas, la NMPA también representa a cientos de editores independientes que no mantienen ningún vínculo con las discográficas”.
Asimismo, recuerdan que “si bien las tres grandes editoriales ocupan asientos en la junta directiva de la NMPA, también lo hacen dos compositores y representantes de más de una decena de editoriales independientes”.
Por último, la NMPA subraya que la titularidad compartida de las grandes editoriales ya existía en procesos anteriores de la CRB sin que ello frenara disputas “costosas y contenciosas” entre editoriales y sellos a mediados de los años dos mil.
Señalan también que, dado que las ventas físicas generan actualmente ingresos netamente inferiores al streaming, resulta sensato concentrar los esfuerzos de litigio de la NMPA en la revisión de las tarifas digitales; una estrategia lógica, aunque suponga evitar enfrentamientos con los sellos hermanos dentro de la propia industria.
