Un grupo de organizaciones clave de la industria musical —incluyendo a RIAA, NMPA, A2IM, SONA y ARA— ha intervenido formalmente en la monumental batalla legal que enfrenta a numerosos autores de libros y editores de periódicos contra OpenAI.
Mediante un recurso conocido como amicus curiae (presentado ante el tribunal que supervisa el caso), estas entidades musicales han expuesto sus argumentos principales sobre por qué el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial jamás debería considerarse un “uso justo” (fair use) bajo la legislación de derechos de autor en Estados Unidos. Si se aceptara lo contrario, las empresas de IA tendrían luz verde para utilizar obras protegidas sin necesidad de pedir autorización ni compensar a los creadores o titulares de derechos.
Aunque este litigio en particular gira en torno al uso no autorizado de libros y periodismo por parte de OpenAI para entrenar sus modelos, la gran mayoría de demandas por copyright contra empresas tecnológicas en EE. UU. dependen de este mismo concepto de uso justo. Esto incluye las acciones legales emprendidas por la industria de la música contra plataformas como Suno, Udio y Anthropic.
Por esta razón, lo que ocurra en el pleito entre los escritores, los medios impresos y OpenAI es de vital interés para el sector musical, motivando su intervención conjunta.
Este caso también ha estado marcado por la polémica intervención del Departamento de Justicia (DoJ) bajo la administración de Donald Trump, el cual sugirió al juez que fallar en contra del uso justo de OpenAI iría en contra de los principios fundamentales del copyright y frenaría gravemente el progreso artístico y científico. En otras palabras, la postura oficial fue instar a la justicia a no poner en riesgo el liderazgo de EE. UU. en la carrera de la IA por culpa de normativas de propiedad intelectual.
Ante este respaldo gubernamental hacia OpenAI, las industrias creativas sintieron la imperiosa necesidad de apoyar a los autores y editores en esta disputa.
Aunque no critican de manera directa al exdepartamento de justicia de Trump, las organizaciones musicales rechazan categóricamente su criterio en el documento legal. Al fin y al cabo, recuerdan, el verdadero propósito de la ley de derechos de autor es “incentivar a los seres humanos a producir obras creativas en beneficio del público”.
Permitir que las tecnológicas copien obras sin permiso para generar imitaciones digitales logra exactamente el efecto contrario, socavando los incentivos constitucionales para que las personas sigan creando.
El amicus curiae de la industria musical
El escrito presentado por el sector de la música comienza señalando las similitudes evidentes entre este pleito y las demandas interpuestas por discográficas, editoriales musicales y artistas contra las inteligencias artificiales generativas musicales. Al igual que los acusados en este juicio, las empresas señaladas por la música insisten en que entrenar sus modelos con material protegido constituye un uso legítimo.
Frente a esta defensa, el documento recalca de forma contundente: “Se equivocan”. Puesto que los miembros de estas asociaciones poseen algunos de los repertorios más preciados de la cultura moderna, consideran indispensable enumerar ante el juez los graves defectos que observan en los argumentos de OpenAI.
La postura firme de que la IA no entra en la categoría de uso justo ya es de sobra conocida por quienes siguen de cerca estas campañas y litigios, reflejándose también en los procesos judiciales contra Suno, Udio y Anthropic.
Sin embargo, a medida que evoluciona el debate sobre las obligaciones legales de las empresas tecnológicas, estos argumentos se afinan continuamente, convirtiendo este nuevo escrito en un resumen excelente de la postura actual de la industria.
Los argumentos centrales
El nuevo texto judicial articula tres ejes fundamentales de argumentación.
En primer lugar, las organizaciones abordaron el concepto de la “transformatividad”. Uno de los aspectos que evalúan los tribunales estadounidenses al analizar el uso justo es si la utilización de una obra protegida aporta un valor o significado transformador suficiente respecto a la original.
Es decir, si se copia una obra para crear otra nueva, ¿es esta última lo suficientemente distinta? Cuanto más transformador sea el uso, más probabilidades hay de que se considere legítimo.
Las empresas de IA han argumentado reiteradamente que, dado que el contenido generado por sus modelos no es idéntico al material empleado en el entrenamiento, el proceso es claramente transformador.
No obstante, el sector musical sostiene que se está aplicando mal esta prueba. Apoyándose en el fallo de la Corte Suprema de 2023 sobre la Fundación Andy Warhol, argumentan que para determinar la transformatividad es necesario comprobar si la nueva obra “cumple una finalidad similar a la de la obra original”.
Asimismo, añaden que el análisis debe ser específico respecto al motivo por el cual OpenAI necesita realizar la copia de un libro o artículo determinado.
“Un modelo de IA no ingiere poesía romántica o bluegrass para aprender sobre el lenguaje o la música en general”, señala el documento, “sino para generar sustitutos que en la práctica lean y suenen de forma idéntica, logrando así el mismo propósito no transformador”.
El segundo argumento gira en torno a la “dilución del mercado”, un factor que evalúa si una nueva creación derivada de material protegido perjudica negativamente el valor económico del original.
Este es quizás el criterio que más favorece a los creadores en el debate actual, especialmente después de que en un caso anterior entre autores de libros y Meta, el juez determinara que el perjuicio comercial podía invalidar la defensa del uso justo.
Si se demuestra que el uso de una obra protegida reduce su valor en el mercado, la defensa decae. La industria musical argumenta que cuando las empresas de IA copian canciones para entrenar modelos que luego producen música nueva competidora, están destruyendo el valor de mercado del repertorio preexistente.
Debido a esta afectación económica, la copia sistemática no puede ser considerada un uso justo, un razonamiento plenamente aplicable también a los escritores y editores de prensa.
En sus propias palabras, las organizaciones advierten que la inteligencia artificial posee “la capacidad única de arrojar contenidos infinitos que desplazan el mercado y disminuyen el valor de las obras sobre las que se entrenó”. Dicho perjuicio encaja de lleno en los impactos sustitutivos que invalidan el uso justo.
En tercer y último lugar, el sector plantea una perspectiva general en contra de la postura de la industria tecnológica. Según afirman, OpenAI y sus homólogas “prestan poca atención a la exigencia de la Corte Suprema de sopesar los propósitos amplios del derecho de autor al evaluar los factores legales del uso justo”.
Esto significa que, más allá de los criterios específicos a revisar, los jueces deben cerciorarse de que el principio de uso justo no vulnere el fin último del copyright: “alentar a los humanos a producir obras creativas en beneficio del público”.
Cuando las tecnológicas intentan ampararse en esta figura jurídica para apropiarse masivamente de obras sin permiso, no están estimulando la creatividad humana; al contrario, al “infraccionar obras protegidas para fabricar imitaciones digitales”, están socavando los incentivos constitucionales que protegen a los autores.
Un detalle adicional…
Aunque el principal escrito de intervención en el caso de OpenAI agrupa a sellos, editoriales, artistas y compositores, la organización estadounidense Music Artist Coalition ha respaldado un escrito alternativo impulsado por la Human Consent Foundation, un grupo cofundado por la actriz Cate Blanchett.
Dicha presentación aporta otro matiz clave para desmontar el discurso de OpenAI —al que también ha sido sensible la administración Trump— de que exigir licencias para cada obra copiada resulta un proceso poco realista e impracticable.
“Los demandados han argumentado que licenciar obras creativas para entrenar IA es prohibitivo en términos de costos”, indica el texto de la fundación. Sin embargo, “los hechos demuestran lo contrario”, puesto que “las industrias creativas ya disponen de una infraestructura y flujos de trabajo probados para gestionar derechos de manera masiva, eficaz y económica”.
En otras palabras, ya existen ecosistemas de concesión de licencias que las empresas de tecnología podrían aprovechar para regularizar los contenidos necesarios para sus modelos.
En el ámbito de la música, esto se traduce en la red integrada por discográficas, distribuidoras, editoriales, sociedades de gestión colectiva y otras entidades de licencias como Merlin, IMPEL e ICE. Esta infraestructura ya permite que los servicios de streaming accedan a inmensas cantidades de música, y está lista para operar de la misma manera con aquellas empresas de IA dispuestas a negociar de buena fe.
Otra de las cofundadoras de la Human Consent Foundation, Nikki Hexum, subrayó la importancia de visibilizar esto ante los tribunales, demostrando “cómo funciona realmente la industria creativa y reconociendo las soluciones que ya se han construido y continúan desarrollándose para esta nueva era digital”.
