El Gobierno amplió el secreto militar: ahora protege la exportación de repuestos y armamento de los aviones F-16
A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei extendió las restricciones a las piezas, motores y material bélico de las aeronaves adquiridas a Dinamarca, con el fin de resguardar material sensible destinado a tareas de mantenimiento.
El Gobierno nacional declaró este martes secreto militar la exportación de material vinculado al sistema de armas adquirido por la Fuerza Aérea Argentina (FAA), ampliando así el alcance de los elementos clasificados y de acceso exclusivo para el personal autorizado.
La medida, oficializada mediante el decreto 735/2026 y publicada durante la madrugada en el Boletín Oficial, abarca partes integrantes de las aeronaves, motores, repuestos y armamento tanto real como de entrenamiento. Según se indicó, estas operaciones de salida del país se realizarán con el propósito de efectuar tareas de mantenimiento y actualización de la flota.
Esta nueva normativa continúa una cadena de restricciones iniciada en 2024, tras la polémica y estratégica compra de 24 aviones caza F-16 a Dinamarca. En aquella oportunidad, la operación contractual original fue declarada bajo secreto militar mediante el decreto 370/2024. Posteriormente, sucesivas normativas ampliaron la clasificación a la construcción de obras de infraestructura —como en la VI Brigada Aérea de Tandil y el Área Material Río Cuarto, en Córdoba—, a la importación de insumos y a la contratación de equipos complementarios a través del programa Foreign Military Sales de Estados Unidos.
El Boletín Oficial justificó la medida actual señalando que, tras haberse iniciado las actividades de vuelo del sistema de armas el pasado 30 de marzo en Córdoba, resulta imperativo regular la exportación de estos componentes bajo estrictas normas de seguridad por tratarse de “material sensible”.
La implementación práctica quedará a cargo de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, área facultada para instrumentar los mecanismos necesarios para garantizar la confidencialidad. El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, el teniente general Carlos Alberto Presti.
