Se están gestando iniciativas en Washington que podrían implantar definitivamente en Estados Unidos la táctica antipiratería predilecta de la industria musical: el bloqueo de webs. El representante republicano Darrell Issa ha presentado formalmente en el Congreso la Ley de Protección de los Derechos de Autor de EE. UU. (American Copyright Protection Act), un proyecto que otorgaría a los titulares de derechos la capacidad de solicitar órdenes judiciales en tribunales estadounidenses para bloquear sitios web extranjeros dedicados a la piratería.
Las propuestas de Issa especifican que dichos mandatos judiciales podrían obligar no solo a los proveedores de servicios de internet, sino también a los servidores DNS y a las VPN a impedir que sus usuarios accedan a páginas web infractoras.
Aunque en numerosos países europeos los bloqueos a nivel de ISP llevan años implementándose, las discográficas y las cadenas de retransmisión deportiva han presionado cada vez más para conseguir resoluciones judiciales que fuercen también a otros actores tecnológicos a aplicar esta medida.
El texto promovido por Issa contempla que los tribunales norteamericanos puedan emitir órdenes de bloqueo contra “servicios de acceso a internet de banda ancha, proveedores de servicios de resolución de nombres de dominio y redes virtuales privadas”. Según Torrentfreak, un borrador anterior de la iniciativa no contemplaba a las VPNs, las cuales presumiblemente se habrían añadido tras las gestiones de presión de determinados propietarios de derechos.
En cuanto a las labores de presión política, los detractores del bloqueo de webs ya han empezado a cuestionar los planes de Issa. La Re:Create Coalition ha acusado al congresista de impulsar un “proceso legal unilateral inspirado en las normativas europeas de bloqueo de páginas, las cuales han demostrado generar una censura generalizada” y vulnerar “el debido proceso en Estados Unidos, los derechos de la Primera Enmienda y el ingenio estadounidense”.
Por su parte, el director ejecutivo de la organización, Brandon Butler, advierte que los bloqueos propuestos “amenazan la privacidad de los usuarios y conllevan el riesgo de causar daños colaterales catastróficos a la web abierta”. Asimismo, señala que “este sistema exprés de bloqueo esquiva los cauces legales efectivos, debilita el ecosistema digital y fomenta el abuso en materia de derechos de autor, perjudicando a pequeños negocios, entidades sin ánimo de lucro y internautas de todo el mundo”.
A pesar de que hoy en día la industria discográfica habla con menor frecuencia de la piratería, las compañías musicales han hecho un uso intensivo del bloqueo de sitios en aquellos territorios donde esta herramienta está disponible. Dicha medida cuenta asimismo con el respaldo de otros sectores de contenidos, en especial estudios cinematográficos y canales de deportes.
Los intentos de integrar formalmente los bloqueos web en la legislación de derechos de autor estadounidense hace quince años desembocaron en una contestación masiva por parte de la industria tecnológica, destacando el apagón de 24 horas con el que Wikipedia protestó en su versión en inglés. Aquella propuesta quedó rápidamente aparcada y no volvió a mencionarse durante años, a pesar de que los tribunales de otras naciones comenzaron a dictar este tipo de mandatos con regularidad.
Sin embargo, en el periodo más reciente, las industrias de contenidos —con el sector del cine a la cabeza— han retomado el activismo legislativo para lograr una ley de bloqueo de webs en suelo estadounidense, encontrando ciertos apoyos en Washington.
La ley impulsada por Issa no es la única medida de esta índole que avanza en el Congreso. La representante demócrata Zoe Lofgren presentó el año pasado la Ley contra la Piratería Digital Extranjera (Foreign Anti-Digital Piracy Act), y diversos senadores respaldan iniciativas similares recogidas en el borrador de la Ley Block BEARD.
A diferencia de lo ocurrido en otros países, donde las fricciones iniciales por los bloqueos a través de los ISP se disiparon rápidamente y los operadores acataron las órdenes judiciales sin mayor revuelo, los intentos recientes en Europa de involucrar a las VPNs y a los resolutores DNS han generado una controversia mucho mayor.
Cisco, empresa gestora del servicio de resolución de dominios OpenDNS, ha mostrado un firme rechazo a que estas restricciones recaigan sobre los DNS, hasta el punto de haber clausurado OpenDNS en aquellos países donde se han impuesto tales mandatos, tales como Francia, Portugal y Bélgica.
Contra estas medidas se han esgrimido múltiples argumentos a lo largo del tiempo, como su ineficacia práctica debido a la facilidad con la que los usuarios avanzados logran sortearlas. Por su parte, los tenedores de derechos defienden que cualquier traba interpuesta frente a la piratería es positiva y que la inclusión de VPNs y DNS dificulta aún más burlar la censura.
No obstante, los críticos sostienen que coaccionar a las redes virtuales privadas y a los servidores DNS para que actúen como censores es especialmente peligroso, ya que puede comprometer la estabilidad y la seguridad global de internet.
La coalición Re:Create, integrada por diversas organizaciones del ámbito tecnológico, ha elaborado un documento divulgativo donde expone sus argumentos en contra de la Ley de Protección de Derechos de Autor de EE. UU.
En él se recalcan los problemas derivados del bloqueo de webs en territorio europeo —como la retirada de OpenDNS de ciertos mercados por parte de Cisco— y se subraya que “obligar a los proveedores de red a bloquear consultas DNS de forma automatizada introduce graves peligros para la estabilidad y fiabilidad de la red”.
En definitiva, aunque las propuestas de bloqueo de páginas van ganando tracción en Washington, cabe prever una fuerte oposición por parte del sector tecnológico. Es probable que no alcance la magnitud del apagón de Wikipedia en 2012, pero sí la suficiente para frenar su avance legislativo.
