Los legisladores contraatacan a las plataformas de reventa de entradas al intentar bloquear el límite de precios en Washington D.C.


Las plataformas de reventa de entradas como StubHub, SeatGeek y Vivid Seats enfrentan duras críticas en Washington D. C., donde se les acusa de disfrazar desacuerdos comerciales con argumentos «constitucionales» tras fracasar en su intento por frenar nuevas regulaciones a través de los canales democráticos.

Las normativas, aprobadas por los legisladores locales a principios de este año y con entrada en vigor prevista para enero, imponen un límite del 10% en el sobreprecio de las localidades dentro de la capital estadounidense, además de exigir mayor transparencia al obligar a mostrar claramente el costo original de cada tique.

El Ticket Policy Forum, una asociación que defiende los intereses de los sitios de reventa, interpuso una demanda pocas semanas después de promulgarse la ley con el propósito de anularla amparándose en preceptos constitucionales, solicitando además una medida cautelar para congelar su aplicación mientras avanza el litigio.

En respuesta a dicha acción judicial presentada a principios de esta semana, los abogados de la capital estadounidense emitieron un documento muy crítico contra las plataformas y su agrupación gremial.

Los ciudadanos de Washington D. C., señala el escrito, se cansaron de los precios desorbitados provocados en gran medida por la especulación con las entradas. Por esta razón, a través de sus representantes electos, aprobaron la Ley de Restricción a la Especulación Desmedida en Espectáculos en Vivo, conocida abreviadamente como la Ley RESALE.

El texto judicial detalla que el Ticket Policy Forum y sus asociados trataron de frenar la ley desde el inicio, pero no lograron convencer a ni un solo concejal. Como consecuencia de ello, el Consejo de D. C. votó la medida por unanimidad y fue posteriormente ratificada por la alcaldía.

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Al verse derrotadas en el terreno democrático, las plataformas de reventa vistieron sus quejas con ropaje constitucional y acudieron al tribunal en busca de un veto judicial y una medida cautelar que impida al distrito aplicar la normativa.

Dicha medida cautelar, según argumenta la ciudad, constituiría un recurso extraordinario, lo que obliga a las empresas a demostrar el cumplimiento de múltiples requisitos, algo que —según afirman— no han logrado hacer ni siquiera en un solo punto.

Las compañías sostienen que la Ley RESALE vulnera tanto la Constitución de EE. UU. como la Ley de Autonomía de D. C. al inmiscuirse en el comercio interestatal, dado que afectará a transacciones realizadas fuera de los límites del distrito.

Asimismo, denuncian que el tope en las tarifas infringe las garantías constitucionales del debido proceso y que la obligación de transparentar los costos originales viola la Primera Enmienda.

La representación legal del distrito rechaza de plano estos argumentos y destaca que los límites a la reventa ya existen en otros estados del país sin que, hasta donde alcanza el conocimiento local, estas plataformas hayan impugnado leyes similares en los tribunales.

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Para obtener una suspensión temporal de la norma, los demandantes deben probar que su demanda tiene altas probabilidades de éxito, que la inacción causaría un perjuicio irreparable y que la medida responde al interés público; sin embargo, los abogados de D. C. insisten en que no se ha demostrado ninguno de estos extremos.

Ahora queda por ver cómo resolverá el juez a cargo del caso los intentos de las tiqueteras por bloquear la nueva regulación tanto a corto como a largo plazo.

Este conflicto forma parte de un conjunto de iniciativas que se debaten e implementan a nivel global para someter a un mayor control al mercado secundario de entradas.

En Estados Unidos, la mayor parte de la regulación recae en los estados, aunque existen propuestas para elevar las restricciones a un nivel federal e incluso establecer topes de precios a escala nacional.

Fuera de Norteamérica, también se han propuesto límites a la reventa en Alemania. La ministra de Justicia y Protección al Consumidor del país, Stefanie Hubig, apoya fijar un margen máximo de reventa del 20% sobre el valor original o de 20 euros (aplicando la cifra que sea menor), con el objetivo de que la norma entre en vigor antes del próximo verano.

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Por su parte, Italia ha registrado movimientos significativos tras prohibir la reventa comercial con fines de lucro en 2017.

El organismo regulador italiano, AGCOM, ha comenzado a emitir órdenes de bloqueo web contra Viagogo por incumplir la normativa y no abonar las multas impuestas, además de abrir una investigación específica sobre la especulación con las entradas para los próximos conciertos de Oasis en Roma.

En el Reino Unido, por su parte, se cumplirá pronto un año desde que el gobierno anunció su intención de prohibir por completo la reventa lucrativa de tiquetes, aunque doce meses después todavía no existe un calendario firme para su promulgación.

En un artículo reciente publicado por The Times sobre la reventa de entradas para el West End, Adam Webb, representante del grupo anti-especulación FanFair, señaló que a pesar de los mensajes alentadores de los ministros, faltan detalles concretos y garantías reales de que estas leyes vayan a aprobarse.

Mientras tanto, concluyó, el público británico sigue sufriendo la explotación y los abusos de revendedores que operan a la vista de todos en plataformas de intercambio desreguladas y sin topes de precios.



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