Live Nation arremete contra la demanda «equivocada» de la Ley BOTS

Live Nation arremete contra la demanda «equivocada» de la ley BOTS por parte de la FTC, afirmando que contradice el «significado literal» de la norma, desafía la voluntad del Congreso y perjudica notablemente la lucha contra los revendedores.

La promotora y su filial Ticketmaster respondieron formalmente a la denuncia ayer, semanas después de que el juez encargado del caso rechazara su moción de desestimación.

Evidentemente, este no es el escenario ideal para los demandados, a quienes la FTC y siete estados (Colorado, Florida, Illinois, Nebraska, Tennessee, Utah y Virginia) acusan de «permitir habitualmente que los intermediarios de entradas superen los límites de compra» y de incumplir las normativas pertinentes.

(Asimismo, se señala que Ticketmaster supuestamente «mostró precios de entradas engañosamente bajos a los consumidores y cobró mucho más» mediante tarifas adicionales que solo aparecían al finalizar la compra; la nueva respuesta reitera la adopción del precio total por parte de la empresa).

Técnicamente, la ley BOTS prohíbe que «cualquier persona» eluda «una medida de seguridad, un sistema de control de acceso u otro control tecnológico… utilizado por el emisor de los boletos para hacer cumplir los límites de compra establecidos para los eventos».

Más importante aún, esta legislación directa también prohíbe «vender u ofrecer a la venta cualquier entrada de un evento en el comercio interestatal que haya sido obtenida infringiendo» las normas mencionadas.

Dicha cláusula se aplica a todos aquellos que «participaron directamente o tuvieron la capacidad de controlar la conducta», o que «sabían o debían saber que la entrada fue adquirida violando» la ley BOTS.

Por lo tanto, Live Nation ha sostenido firmemente desde el principio que el proceso judicial no es más que un intento de castigarla «por no bloquear a la perfección todos los abusos en las compras de entradas dentro de la plataforma de Ticketmaster».

Esta postura de larga data ocupa un lugar central en la contestación de los demandados, la cual argumenta que las compañías han invertido «más de 1.000 millones de dólares desde 2010 para frenar la adquisición masiva y tecnológica de entradas por parte de revendedores, protegiendo así el acceso de los fanáticos a las ventas primarias».

Además, según el escrito presentado, «casi todos los avances tecnológicos importantes en la lucha contra los bots y la recolección automatizada de entradas provienen» de Live Nation y Ticketmaster. Esta última plataforma detectó y bloqueó el año pasado «casi 260 millones de intentos diarios de bots para acceder a sus servicios».

Otras secciones de la respuesta se centran en la intención del Congreso; según los demandados, «el Congreso aprobó la ley [BOTS] para combatir a los revendedores que usan bots y otras herramientas tecnológicas para saltarse los filtros de los emisores y acaparar las entradas antes que los seguidores, y *no* para sancionar a las empresas de boletaje».

Dado que legisladores de ambos partidos critican abiertamente a Live Nation y Ticketmaster —y que algunos de ellos incluso presentaron un escrito amicus curiae en contra de la moción de desestimación que luego fue denegada—, aún está por verse cuán efectivo resultará este argumento.

Más interesante aún, Live Nation considera que la estrategia actual (es decir, impulsar una ofensiva basada en la ley BOTS contra las plataformas de venta) «corre el riesgo de generar un fuerte efecto disuasorio en la prevención de abusos».

Desde la perspectiva de la compañía, abstenerse de implementar medidas anti-bots y límites en la cantidad de entradas dejaría a las plataformas «sin nada que los revendedores deban eludir», minimizando así su responsabilidad a costa de los usuarios.

«Por el contrario, bajo la interpretación de la Comisión, cualquier nueva medida de prevención de abusos o límite de boletos que Ticketmaster implemente se convierte en una nueva fuente potencial de responsabilidad legal cada vez que un revendedor decidido logre sortearla», señala el documento. «Las plataformas enfrentarán presiones para abandonar por completo las medidas de prevención o los límites de compra, facilitando enormemente que los revendedores acaparen entradas y obligando a los fanáticos, artistas y recintos a asumir los costos».

En cuanto al calendario judicial, es muy probable que se avecine una batalla legal prolongada; según las estimaciones de los demandantes, el juicio no comenzaría sino hasta abril de 2028, mientras que Live Nation y Ticketmaster prevén su inicio para octubre de ese mismo año.

Por otro lado, otro caso amparado por la ley BOTS, dirigido en esta ocasión contra el presunto intermediario de entradas Key Investment Group, avanza a paso lento. Tras la presentación de un informe de amicus curiae por parte de legisladores federales, el pleito en los tribunales se encuentra enredado en asuntos de fase de descubrimiento y citaciones judiciales, según muestra el expediente.

La semana pasada, los senadores Marsha Blackburn y Ben Ray Luján señalaron en un escrito que la actual disputa por el descubrimiento de pruebas surge «del uso indebido de citaciones de documentos para espiar en archivos constitucionalmente protegidos de dos senadores de los Estados Unidos».

«El tribunal debería rechazar este intento de examinar material legislativo con ese propósito inadmisible por tres razones», añadieron. «Primero, la Cláusula de Discurso o Debate de la Constitución prohíbe de forma absoluta la divulgación obligatoria de dichos materiales legislativos; segundo, la información solicitada no guarda relación con los hechos necesarios para resolver esta demanda; y tercero, la inmunidad soberana impide la ejecución de estas citaciones».