El próximo año, la Junta de Regalías de Derechos de Autor de EE. UU. determinará las compensaciones que las plataformas de streaming musical deberán abonar a compositores y editores dentro del mercado estadounidense para el periodo comprendido entre 2028 y 2032. Como es de esperarse, este proceso genera un enorme interés en todo el sector, y ya se conocen las propuestas iniciales de cada parte tras las presentaciones realizadas ante el organismo a principios de este mes.
Asimismo, la industria musical ya tiene claro quién es el “peor infractor” en lo que respecta a remunerar de manera insuficiente a los creadores. Si apostabas a que Spotify se llevaría el título de enemigo público número uno en esta revisión de tarifas del CRB, te equivocas, ya que Amazon le ha arrebatado ese codiciado puesto.
Respecto a la tarifa general de regalías por el uso de obras en sus plataformas para el ciclo 2028-2032, la mayoría de los servicios de streaming abogan por mantener el statu quo, de modo que el porcentaje de participación en los ingresos del 15.35% —que entrará en vigencia el próximo año— se conserve durante todo ese tiempo.
Por su parte, los editores musicales sostienen que esta tasa debería elevarse al 20%, acompañada de un mínimo adicional por reproducción, mientras que ciertas agrupaciones de compositores exigen la eliminación total del modelo de reparto de ingresos para sustituirlo por una tarifa fija por reproducción.
Sin embargo, la propuesta de Amazon ante el CRB sobresale porque plantea una reducción de la tarifa al 13.4% de los ingresos. Esto llevó a David Israelite, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Editores de Música de EE. UU., a otorgarle oficialmente a Amazon el nombramiento de “peor infractor”.
Mediante una publicación en Instagram, Israelite también señaló la paradoja de que una corporación con una capitalización bursátil de 2.8 billones de dólares y una facturación anual de 717,000 millones —cifras que “hacen que Amazon sea 100 veces más grande que toda la industria estadounidense de la edición y composición musical”— sea precisamente la que “busca exprimir al máximo a los compositores”.
Además de la tarifa principal, otro punto de gran controversia en esta revisión del CRB es el descuento por paquetes (*bundling*), una estrategia que emplean los servicios de streaming al combinar la música con otros productos, como los audiolibros, para disminuir los pagos destinados a autores y editores.
Si bien el uso de este descuento por parte de Spotify desató duras críticas por parte de los creadores en los últimos años, Amazon también ha recurrido a esta práctica para recortar sus desembolsos a la industria musical. Dicha actitud seguramente intensificará el escrutinio público ahora que Amazon ostenta la etiqueta de “peor infractor”.
Israelite aborda este asunto en su comunicado en redes sociales, enfatizando que Amazon no solo pretende rebajar la tarifa base que paga a los autores, sino que también “perpetúa su esquema de paquetes forzosos”, emulando las tácticas de Spotify que ya han significado para los creadores pérdidas superiores a “mil millones de dólares”.
Bajo la ley de derechos de autor estadounidense, las plataformas de streaming pueden acogerse a una licencia obligatoria para explotar los denominados “derechos mecánicos” de las canciones. Esto obliga a autores y editores a permitir que las plataformas digitales transmitan su música a los precios determinados por el CRB.
El streaming también explota los “derechos de ejecución pública”, los cuales no están amparados por dicha licencia obligatoria. Por consiguiente, los servicios deben gestionar permisos independientes a través de sociedades de gestión colectiva como BMI y ASCAP.
No obstante, los pagos efectuados por esos conceptos se deducen del monto total de la licencia obligatoria, lo que significa que la tarifa fijada por el CRB para los derechos mecánicos representa en la práctica el total que percibe el creador y el editor.
El CRB revisa estas tarifas cada cinco años. El ciclo anterior, conocido como Phonorecords IV, estableció los valores para el periodo 2023-2027 mediante incrementos anuales moderados que alcanzarán un tope de 15.35% el próximo año. El proceso en curso, que fijará los aranceles de 2028 a 2032, se denomina Phonorecords V.
Para definir las tarifas, los jueces del CRB deben evaluar qué sucedería si un “comprador dispuesto” y un “vendedor dispuesto” negociaran en privado, algo que ocurre habitualmente con los derechos de grabación que controlan las discográficas y, en la mayoría de los mercados internacionales, también con los derechos autorales.
Al defender el mantenimiento de las condiciones actuales, Spotify argumenta en su escrito ante el CRB que “la mejor prueba de lo que acordarían compradores y vendedores voluntarios es lo que efectivamente pactaron hace apenas cuatro años”, haciendo referencia al rápido acuerdo alcanzado entre las plataformas y los editores en Phonorecords IV.
A pesar de esto, los editores recuerdan constantemente que la existencia de la licencia obligatoria coloca al sector en una situación de desventaja, puesto que las plataformas pueden negociar acuerdos directos si lo desean, sabiendo que siempre tienen la opción de recurrir a la licencia obligatoria como red de seguridad.
Aunque la tarifa general acapara la mayor atención, la licencia obligatoria incluye otras complejidades. Además de los descuentos por paquetes, existen normativas que vinculan el pago de las canciones con los desembolsos que hacen los servicios en el apartado de grabaciones, junto con una cláusula que estipula que la compensación por las obras no puede descender de 1.10 dólares por suscriptor *premium*. Los editores exigen incrementos generales y regulaciones más estrictas frente a los paquetes comerciales.
Para las plataformas, la flexibilidad en las reglas de empaquetado resulta fundamental. Sostienen que los descuentos acordados en Phonorecords IV constituyeron un pilar esencial del pacto con los editores y, por lo tanto, dichas condiciones deben prolongarse hasta 2032.
“Los términos y aspectos económicos de los paquetes fueron un elemento central y conocido del acuerdo de Phonorecords IV”, señala Spotify en su presentación, añadiendo que “al celebrar públicamente el acuerdo, ambas partes reconocieron los términos del *bundling* como un componente crucial del trato”.
A pesar de ello, Spotify ha sido blanco de fuertes críticas por aplicar este descuento, y los editores buscan ahora endurecer las condiciones para dificultar su uso.
Resulta igualmente destacable la propuesta presentada ante el CRB por una coalición de entidades que representan a artistas y compositores, integrada por el Songwriters Guild Of America, la Society Of Composers & Lyricists, Music Creators North America y la Music Artists Coalition.
En un comunicado conjunto, explican que “el núcleo” de su propuesta “consiste en reemplazar la fórmula actual de regalías de múltiples pasos por un modelo directo y plano de pago por reproducción”. Su planteamiento principal fija “una tarifa fija de 0.0030 dólares por cada reproducción interactiva”, la cual “se aplicaría de manera uniforme en todos los niveles de servicio —incluyendo las modalidades gratuitas con publicidad— y se ajustaría anualmente según la inflación hasta 2032”.
Por regla general, los convenios entre la industria musical y las plataformas de streaming se fundamentan en modelos de participación en ingresos y consumo, aunque frecuentemente incluyen cláusulas para garantizar pagos mínimos a los creadores, vinculados a reproducciones, suscriptores o periodos temporales.
A grandes rasgos, es probable que las plataformas se opongan a los pagos fijos por reproducción, sobre todo en las modalidades gratuitas que generan menor rentabilidad por usuario, lo que elevaría sus riesgos financieros. No obstante, resulta interesante observar propuestas que plantean una transformación radical del sistema.
El CRB evaluará formalmente todas estas propuestas entre los próximos meses de marzo y abril, lo que podría derivar en audiencias intensas, a menos que las plataformas y la industria musical logren consensuar un acuerdo de manera anticipada en 2027.
