LA CASA BLANCA OFICIALIZA EL CONTROL DE UNA QUINTA PARTE DE LAS RESERVAS PETROLERAS DE VENEZUELA TRAS UN PACTO CENTENARIO
Washington / Caracas — La Casa Blanca confirmó este lunes la “privatización” del sector de hidrocarburos de Venezuela mediante un comunicado que detalla los términos del acuerdo por el cual la Administración de Estados Unidos pasa a controlar una quinta parte de las reservas de crudo del país sudamericano.
El pacto, calificado por el presidente Donald Trump como “el mayor acuerdo petrolero de la historia”, establece que el gobierno interino de Delcy Rodríguez ha concedido por un periodo de cien años un total de 17 campos petroleros —que acumulan cerca de 65.000 millones de barriles en reservas— a la compañía North American Blue Energy Partners (NABEP). Esta empresa, propiedad del millonario venezolano Alejandro Betancourt —actualmente investigado por la justicia de Suiza y España por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero de PDVSA—, se ha asociado directamente con el Gobierno estadounidense.
La publicación de estos detalles se produce tres días después del anuncio inicial de Washington, un movimiento que ha desatado numerosos interrogantes entre analistas y expertos del sector. Diversos especialistas advierten sobre la complejidad técnica y los años que tomará reactivar la deteriorada industria petrolera venezolana, así como sobre la posibilidad de que un futuro gobierno en Caracas repudie el convenio.
Control estratégico y derecho de veto
Según el desglose oficial, el Pentágono —a través de su Oficina de Activos Estratégicos— asumirá la propiedad del 35% de la empresa matriz de NABEP. Por su parte, el Departamento de Estado se garantiza la adquisición del 20% de la producción actual y futura de los pozos a precio de coste, además de ostectar el derecho a la primera opción de compra sobre el 80% restante. Este suministro se destinará a reponer la reserva estratégica de petróleo de EE UU —actualmente en su nivel más bajo en cuatro décadas— y a usos militares y sensibles.
El Gobierno estadounidense mantendrá además derecho de veto sobre el nombramiento de todos los miembros del consejo de administración de la nueva compañía, cuya mayoría deberá contar con nacionalidad estadounidense. El marco legal del acuerdo quedará sujeto a la jurisdicción de los tribunales y leyes de Estados Unidos, mientras que las concesiones se ampararán en la nueva legislación de hidrocarburos venezolana.
Promesa de inversión y la nueva “Doctrina Donroe”
La Casa Blanca sostiene que NABEP prevé invertir hasta 100.000 millones de dólares para ampliar la infraestructura petrolera, lo que generaría —según los cálculos oficiales— unos 200.000 millones de dólares en regalías e impuestos durante los primeros 25 años para financiar la reconstrucción y el desarrollo social en Venezuela.
La oficina presidencial enmarcó la operación dentro de la denominada “Doctrina Donroe”, una reedición de la histórica doctrina del siglo XIX adaptada para intensificar la influencia política y económica de Washington en la región. El comunicado oficial argumenta que las áreas cedidas, ubicadas en la Faja del Orinoco y el lago Maracaibo, habían estado bajo el control de intereses de Rusia, China y oligarcas del chavismo, justificando la intervención como una purga de “influencia extranjera maligna”.
Asimismo, la Administración estadounidense defendió que su mediación ha promovido diálogos de reconciliación que derivaron en reformas judiciales y la liberación de presos políticos.
Alud de críticas internas
A pesar del triunfalismo de Washington, el acuerdo ha generado una fuerte reacción de rechazo tanto en sectores del chavismo como en la oposición venezolana. Diversos actores políticos han denunciado la operación como un acto de corte neocolonial, en el que un gobierno interino cede los recursos estratégicos nacionales bajo la presión de mantenerse en el poder.
